El Parlament de Cataluña ha aprobado una modificación significativa en la fiscalidad de los centros recreativos turísticos, que impactará principalmente en proyectos como el Hard Rock de Vila-Seca y Salou. Esta nueva ley, respaldada por PSC, ERC, los comuns y la CUP, eleva el impuesto sobre los grandes casinos del 10% al 55%. La abstención de Aliança Catalana y la oposición de Junts, PP y Vox reflejan las divisiones políticas en torno a la medida.
La propuesta, que surge de iniciativas de ERC y los comuns, había sido inicialmente programada para discutirse en el último pleno de 2024, pero un recurso presentado por Junts ante el Consell de Garanties Estatutàries retrasó el debate. La modificación también elimina una rebaja fiscal previamente aprobada en 2014, que permitía un impuesto reducido del 10% para los casinos, un beneficio que iba a entrar en vigor con la apertura del complejo Hard Rock.
Jéssica Albiach, líder de los comuns, afirmó que la aprobación de esta ley cierra la puerta al proyecto que, según ella, pretendía transformar Cataluña en «las Vegas de Europa». Por su parte, Raquel Sans de ERC no ha querido descartar completamente la iniciativa, señalando que ya no contará con “un vestido fiscal a medida”.
Esta decisión complica aún más la viabilidad del Hard Rock, un proyecto que ya había generado tensiones políticas y que contribuyó a la caída del anterior presidente Pere Aragonès, así como a la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña. La situación refleja el creciente rechazo hacia este tipo de desarrollos por parte de algunos sectores de la política catalana.
